Publicado el: 30 junio, 2016

Ciberseguridad: ciberdesafío país

Columna de Opinión para Diario Financiero
Bernardita Silva
Directora Ejecutiva
Observatorio Comercio Ilícito CNC


El delito cibernético no tiene fronteras. Bien lo sabe el Banco Central de Bangladesh recientemente atacado por unos hackers que realizaron transferencias por US$ 100 millones desde su cuenta en el Banco Central de Estados Unidos a otras en países asiáticos.

Actualmente en Chile existen más 11,5 millones de accesos a Internet. Esta conectividad crea nuevas oportunidades y acelera el crecimiento económico. Sin embargo, también aumenta nuestra exposición a ataques cibernéticos, muchas veces relacionados con la delincuencia, la piratería y la vulneración a la propiedad.

El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), da cuenta de esta realidad: el cibercrimen en Latinoamérica y el Caribe tienen un costo de US$90.000 millones al año; a nivel mundial asciende a US$575.000 millones. Es decir, 0,5% del PIB global.

En nuestro caso, recién estamos en una etapa formativa respecto del desarrollo de una estrategia nacional para protegernos de los ciberataques. Aunque se ha articulado un esquema, no se tienen los contenidos. Se han identificado las amenazas, pero no se ha delineado un plan coherente ni la cooperación articulada de las distintas entidades gubernamentales para enfrentarlas.

En la variable “Cultura y Sociedad”, el Modelo plantea que es el sector privado donde se ha establecido con mayor fuerza la preocupación por la ciberseguridad. En el sector público y sociedad se indica que recién estamos definiendo ciertas directrices, pero que faltan acciones concretas. Y si bien las normas de privacidad adhieren a estándares de derechos humanos, con enfoque en la privacidad, reconocidos a nivel regional e internacional, aún la sociedad no se involucra con la problemática.

Respecto del marco legal, el estudio muestra que hemos implementado los marcos legislativos y reglamentarios de seguridad integral de las TIC que abordan seguridad cibernética. Sin embargo, es urgente adecuar la legislación local- que data de 1993- a estándares internacionales. En esa línea apunta la iniciativa del Ejecutivo de adherir al Convenio de Budapest, actualmente en el Parlamento- y la idea de contar con jueces e instituciones capacitadas para enfrentar este tipo de delitos.

Es imprescindible un cambio en el comportamiento de seguridad cibernética. Necesitamos sensibilizar a la población; desarrollar una estrategia nacional y avanzar, por ejemplo, en capacitaciones dentro de las empresas. La ciberseguridad es un elemento clave para nuestro desarrollo: nuestro ciberdesafío como país.