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Se conoce como contrabando la importación o exportación de mercancías sin pagar derechos de aduana. Esta práctica ilícita se relaciona al crimen organizado transnacional, pues para que las mercancías entren o salgan del país deben estar coordinadas con redes de criminalidad que comercialicen los productos en el mercado ilegal.

Para Aduanas el concepto de contrabando es amplio. Se incluyen en él: elementos no declarados; declaraciones falseadas (cuando un elemento se hace pasar por un artículo que no corresponde); y mercancías prohibidas. De esta forma, el contrabando puede abarcar desde un animal hasta un perfume, cigarrillos o un vehículo.

En Chile, la proliferación de bandas criminales dedicadas al contrabando se relaciona a las bajas penas asociadas a este crimen, que muchas veces se reducen al pago de una multa.

En 2014, la Subsecretaría de Hacienda encargó al doctor en Economía de la Universidad de Texas, Claudio Bonilla, la elaboración de un informe que dejó al descubierto la necesidad de fortalecer el sistema de fiscalización de nuestro país. El informe de Bonilla calculó en US$400 millones las pérdidas tributarias en Chile por evasión de impuestos, según menciona artículo de Ciper.

La piratería fue por años conocida como el ejercicio relacionado a los piratas de alta mar, quienes se dedicaban al abordaje de barcos para robar sus mercancías. Tomando esa referencia, el concepto comienza a utilizarse para denominar al fenómeno de la falsificación de obras protegidas por el derecho de autor.

El Observatorio Mundial de Lucha Contra la Piratería la define como “la reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, así como su transmisión al público o su puesta a disposición en redes de comunicación en línea, sin la autorización de los propietarios legítimos, cuando dicha autorización resulte necesaria legalmente. La piratería afecta a obras de distintos tipos, como la música, la literatura, el cine, los programas informáticos, los videojuegos, los programas y las señales audiovisuales.”.

En este sentido, el fenómeno de la piratería tiene repercusiones en el área de la creatividad, desarrollo, empleo, inversión extranjera, además de los peligrosos vínculos con organizaciones delictivas.

El comercio ambulante ilegal es una amenaza al orden público y produce una competencia desleal hacia los negocios formales, que día a día trabajan por cumplir con todas las normativas existentes a diferencia de quienes se instalan en las calles sin cumplir con ninguna norma.

Los productos comercializados bajo esta modalidad comprenden una amplia gama: alimentos (frutas, verduras), comidas (sushi, frituras), juguetes, maquillaje, ropa, accesorios, CDs de música, artículos electrónicos, libros, etc.

Los compradores en general acceden a este tipo de comercio, motivados por el reducido precio en el que se venden los productos, sin reparar en  la causas de su bajo costo. Las razones son diversas, pueden estar relacionadas al contrabando; piratería; crimen organizado; robo hormiga; y en el caso de los alimentos, juguetes y cosméticos, al no cumplimiento de las normas sanitarias.

Dentro del sistema de Propiedad Intelectual existente en Chile, el derecho de autor y los derechos conexos conforman un área específica que se encuentra regulada por la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual, que protege al autor y a su obra intelectual.

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) agrega otra categoría: Propiedad Industrial. Con el fin de fomentar una cultura de respeto en torno a esta materia, la OMPI instauró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que se celebra desde el año 2001 cada 26 de abril.

Los delitos contra la Propiedad Intelectual están relacionados al contrabando, falsificación y piratería, fenómenos que suelen ser tolerados por los consumidores, que no ven los riesgos asociados a la compra de artículos de cuestionable procedencia y que en general asocian el perjuicio solo a las marcas afectadas y no a los efectos negativos que el producto puede provocar.

De ahí la importancia de lo que establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que afirma que “el comercio de mercancías falsificadas puede ocasionar un aumento de los niveles de corrupción y un incremento de los presupuestos dedicados a seguridad ciudadana, puede poner en peligro la seguridad y la salud públicas, plantear problemas sociales y medioambientales y vulnerar el derecho penal o administrativo como en los casos de evasión fiscal y aduanera o de fraude”.

En Chile la Propiedad Industrial comprende las creaciones asociadas a una finalidad comercial, donde los elementos de la personalidad del autor son accesorios. Entran en esta categoría: Marcas Comerciales, Denominaciones de Origen (D.O.), Indicaciones Geográficas (I.G.), Patentes de Invención, Modelos de Utilidad, Dibujos y Diseños Industriales, y Esquemas de Trazado o Topografías de Circuitos Integrados.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) afirma que la importancia del reconocimiento de estos derechos genera un “gran incentivo a la innovación y difusión del conocimiento y la tecnología, permitiendo a creadores e inventores apropiarse, gestionar y obtener beneficios económicos de sus creaciones, además de ser fundamental para lograr la diferenciación y el éxito esperado en el mercado”.

Los delitos contra la Propiedad Industrial están tipificados en la Ley 19.039, siendo los dos ejes de afectación más importantes la falsificación y piratería. De acuerdo a INAPI “la falsificación es la deliberada violación de un derecho de propiedad industrial, esto es en contra de una marca comercial, y la piratería es la deliberada infracción en contra de un derecho de propiedad intelectual o derecho de autor. En ambos casos se trata de infracciones que implican el uso o la copia de una marca comercial o de material protegido por derechos de autor sin autorización de sus propietarios”.

Tal como podemos constatarlo en nuestra experiencia cotidiana, Internet como soporte virtual no tiene límites. Y así como se puede a acceder a una cantidad invaluable de repertorio cultural, científico y recreativo, también se puede acceder a contenido criminal (pornografía infantil, descarga ilegal de textos y música, etc.) que vulnera los derechos humanos e intelectuales.

Por esta razón, y considerando que en la Web participan individuos, instituciones privadas y públicas, y organizaciones criminales, es que en abril de 2015 nació el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad (CICS) en Chile, con la misión de implementar una política en este ámbito.

El CICS trabaja temáticas de infraestructura de la información; prevención, persecución y sanción de ciberdelitos; sensibilización, formación y difusión; cooperación y relaciones internacionales; desarrollo industrial y productivo; e institucionalidad de la Ciberseguridad.

Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones define la Ciberseguridad como “el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno”.